La Unión Europea no parece querer despertar del sueño dorado de crecimiento económico y bienestar en el que se creía estar viviendo. Sin embargo, la crisis financiera desatada en Estados Unidos hace casi dos años, está pinchando cada una de las burbujas ideales de la UE que ahora debate como asistir a las economías más afectadas sin romper con la moneda única. Para desgracia de los ciudadanos, la Unión Europea es una fortaleza neoliberal y las medidas que se adopten apuntarán siempre al recorte del gasto público, congelación o reducción de sueldos y pensiones, y deterioro de las prestaciones sociales.

Además de que esa es la voluntad de los gobiernos, en su mayoría de derechas, el Tratado de Lisboa, especie de Constitución de la Unión Europea, establece esa concepción económica y política, como la basa fundamental de la comunidad. Y para ello se ha constituido toda una gama de mecanismos para que la economía libre de mercado sea la única aceptada y vigente en la Unión. Esa imposición fue reforzada con la introducción de la moneda única que le quitó soberanía e independencia a los bancos centrales de cada país. Es el Banco Central Europeo quien fija las tasas de interés, la tasa de cambio y la política monetaria de sus socios.

Ahora varios países de la Unión se enfrentan a un ataque especulativo de los llamados “fondos buitres” que ven tambalear las economías de Grecia, España y Portugal, como antes lo hicieron con Islandia y Letonia. Los niveles de endeudamiento de esos países hacen temer una cesación de pago, al tiempo que la esperada reactivación económica se aplaza sin fecha. Así, las medidas económicas que la Unión Europea les está imponiendo a Grecia y España, aunque aparezcan como iniciativas propias de cada país, se encaminan al deterioro de las condiciones sociales. Brutal recorte del gasto público que afectará a la seguridad social, congelación o reducción de salarios de la administración pública, que será seguida por la actividad privada, aumento de la edad para jubilarse y reducción de las pensiones actuales y futuras.

Tras invertir centenares de millones de euros en rescatar a los bancos durante la crisis financiera el pasado año, ahora los recursos serán sacados de los bolsillos de los trabajadores. El gobierno socialista de Grecia, enfrenta ahora una huelga de los trabajadores y funcionarios de la administración pública que rechazan la congelación de sueldos y los recortes presupuestales. Los sindicatos se oponen a los planes para congelar los sueldos del sector público, reducir los bonos adicionales que muchos griegos reciben además de su sueldo base y reemplazar sólo a uno de cada dos funcionarios que dejen el servicio civil. Además, dicen que las reformas tributarias, que también forman parte del plan apoyado por la UE para fortalecer las finanzas griegas, perjudicarán a los pobres.

«Habían prometido que pagarían los ricos, pero en cambio le están quitando el dinero a los pobres», dijo Ilias Iliopoulos, secretario general del sindicato del sector público ADEDY. «Ésta es la política contra la que estamos luchando, no el esfuerzo por salir de la crisis», agregó.

Desde la Unión Europea han advertido que vigilarán la respuesta del gobierno para decidir si aprobaran un paquete de asistencia. Claro que la preocupación no está dirigida a si el gobierno reprime o no las manifestaciones de protestas, sino que cuidarán que no ceda en los planes de recorte del gasto. Los responsables económicos han advertido que Grecia no recibirá ningún apoyo gratis y han instado al gobierno a mantenerse firme en la reducción presupuestaria. La situación en Grecia y su resolución, afectará también a España y Portugal, los otros dos países que le siguen en turno a la hora de reducir el déficit fiscal y que esperan “ayuda” de la Unión Europea. La diferencia quizás esté en que los sindicatos griegos han demostrado más combatividad que sus colegas europeos.